Joseph Cáceres

Por Johnny Arrendel

Lo he planteado en diversas ocasiones: Los ciudadanos estamos atosigados de impuestos.
Pero no es solo que no expolian con el impuesto sobre la renta sobre nuestros ingresos formales, Itebis en lo que consumimos, diferencial de los combustibles, y selectivo a las  telecomunicaciones.
También hay que pagar aranceles, placas o “pago por circulación”, transferencias y sucesiones, impuestos inmobiliarios, arbitrios municipales, y quienes visitan restaurantes, bares  y moteles deben cubrir cargas espaciales.
Los precios de pasajes aéreos se ven abultados por una estructura de recargos, mientras que la expedición y renovación del pasaporte dominicano resultan altamente costosas.

Quien tenga la suerte de pegar con loterías, lotos o apuestas deportivas, tendrá que ceder el 25 por ciento de su ganancia al Estado.
A todo esto, están las tarifas al acceder a carreteras, es decir, los peajes, la llamada revista de los vehículos y los innumerables pagos para legalizar documentos en la Justicia, Oficialías Civiles, Cancillería y otros estamentos.
Ni hablar del problema de la doble tributación que persiste en nuestro sistema impositivo.

Para colmo, los contribuyentes tenemos que cubrir, además, los gastos operativos en las entidades recaudadoras, especialmente en la Dirección de Impuestos Internos.
Al solicitar una certificación de que se está al día en el Impuesto sobre la Renta, es imprescindible pagar 300 pesos, pero la burocracia en la DGII establece que será después de siete días laborables cuando usted recibirá el documento.
 O sea, para dar fe de que el contribuyente saldó la pesada carga tributaria, el organismo cobra una tarifa más o menos apreciable, pero obtener el documento que posibilita facturar de nuevo puede comprometer hasta dos semanas después de la solicitud.

Pero resulta inexplicable que en las estafetas de la Dirección de Impuestos Internos se les exija copia de la cédula a los usuarios. Es absurdo porque se reputa la DGII como una de las entidades mejor dotadas de tecnologías de punta.
Esa disposición es sospechosa ya que la plataforma de la DGII debe tener acceso fluido a la base de datos de la Junta Central electoral, donde están las matrices y versiones digitalizadas de la cédula, a través del padrón de electores.
Por otro lado, se supone, que los estamentos públicos se suscriben al objetivo de “cero papel en las tramitaciones”, tanto en el propósito de combatir la burocracia, como en la defensa del medio ambiente.

Resulta que frente a cada una de las instituciones recaudadora  que exigen fotocopias para sus trámites, están habilitadas empresas de papelería que ofrecen el servicio (copiar documentos), solo que siempre a un precio que duplica el regular del mercado.
Recientemente, un ciudadano acudió a la estafeta de DGII en  la México esquina Jacinto de la Concha, contó que luego de que se le  asignara un número para ser atendido se le paso el turno ya tuvo que ir a sacar una copia en la acera de enfrente y la cajera se negó a reconocerle su lugar cuando regresó a pagar.