Joseph Cáceres

Muchos radiodifusores desconocen el impacto social y cultural de su medio

Por Johnny Arrendel

La falta de criterio y conciencia sobre lo que representa la radio como industria cultural caracteriza a los empresarios que hoy en día dominan el sector, a diferencia de los radiodifusores auténticos de antaño.

Por eso, los de hoy, reaccionan con el alegato impertinente de que “se trata de un negocio puramente privado”, y que por tanto el Estado no puede regular su operación en modo alguno.

Incluso, Antonio Espaillat, regente de varias emisoras, algunas de ellas que estuvieron hasta hace poco bajo control total del Estado por ser bienes incautados, mantiene en antena una campaña mediante la que rechaza toda iniciativa de control de contenidos.

Paradójicamente, quien la emprende contra el Congreso Nacional es el escritor de extrema derecha, Carlos Alberto Montaner, un cubano en el exilio, que ha justificado en múltiples ocasiones regímenes de fuerza con escaso o nulo acceso a la libertad de expresión.

(Que conste, de paso, no me gustan los regímenes cerrados, y mucho menos vitalicios, ni de izquierda ni de derecha.)

En tanto, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), mantiene en el aire una campaña de mala calidad y baja ralea, grabada por el locutor internacional Waldemaro Martínez, que realmente disminuye el nivel del debate.

Los radiodifusores de hoy parten de premisas falsas, la primera es que operan un negocio totalmente privado,

En el país, el uso del Espectro Radioeléctrico está definido en el capítulo X de la Ley General de las Telecomunicaciones Número 153-98, artículo 6: "El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público, natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado".

Las empresas que poseen asignadas frecuencias para telecomunicaciones deben saber que no les pertenecen, no tienen derecho a venderlas como un activo propio, son bienes públicos y al término de su período de adjudicación deben pagar las nuevas tarifas que decida el Estado para su explotación.

Claro, nos referimos al negocio de la radio “broadcasting”, es decir, para uso público, generalizado o muy amplio, que pone señales en el aire, en vista de que los circuitos cerrados, el cable y el internet ameritan consideraciones distintas.

Otro punto erróneo, es sostener que la implementación del proyecto del diputado Manuel Jiménez obligaría a las emisoras a cambiar su programación, bajo el criterio de que todas operan con formato temático en la actualidad.

Recuerdo que Radio Guarachita era una de las pocas estaciones temáticas en tiempos en que predominaba la “música popular variada”, la 690 AM estaba programada casi por entero en base a la bachata o “música de amargue”.

Sin embargo, la programación de Guarachita incluía espacios dedicados a la música culta y de los continentes, e incluso, corridos mexicanos y los “verdaderos Diplomáticos”, la emisora de Radhamés Aracena no perdía por ello su esencia netamente popular.

Pero sucede que empresarios y programadores radiales de nuevo cuño carecen de capacidad, en algunos casos, y en otros de disposición, para innovar y enriquecer sus contenidos sin afectar los niveles de comercialización y audiencia.

En cuanto a los formatos en sí, tampoco tendrían que experimentar alteraciones que rompan de golpe con el target al que van dirigidas las distintas emisoras.

Por ejemplo, si una radio está basada en el pop, la Ley solo le obligaría a colocar en un pequeño porcentaje a los exponentes dominicanos dentro del género.

Lo mismo, si se tratase de programaciones orientadas al jazz, al rock, a lo tropical, a las baladas, a lo urbano y hasta a la música de los grandes maestros, ya en que todos los generas y ritmos tenemos grabaciones que forma parte del acervo dominicano.

Me maravilla que una emisora como Radio Disney, franquicia internacional, fundamenta su programación en gran parte en grabaciones realizadas sobre base de merengue, pero muy vanguardistas, que empalman con el gusto de la juventud actual.

Lo que sí está claro, es que los porcentajes de contenidos musicales que plantea el proyecto de Manuel Jiménez como cuotas de música dominicana que deben colocar las emisoras de manera obligatoria precias de ser discutido a profundidad para identificar los montos viables.