Joseph Cáceres

Sentencia del TC solo beneficia a directores y dueños de medios, advierte abogado 

El abogado Manny Sierra afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula siete artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, es “discriminatoria”, porque deja desamparados a los periodistas ante posibles sometimientos de personas que se sientan difamadas.

“En términos generales yo entiendo que es una sentencia discriminatoria porque al periodista de a pie, al obrero del periodismo, prácticamente lo deja intacto (desprotegido) para que se le pueda abril un proceso a él, tanto en el aspecto penal como en el aspecto civil, eso es un asunto que se va a discutir largo y tendido hasta que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse en ese aspecto, ¿por qué? Porque la sentencia sencillamente mantiene la difamación en el artículo 29, que es donde se anuncia qué es difamación, y el artículo 33 que se refiere a la difamación en contra de la vida privada de una persona”, precisó el jurista.

La instancia sometida ante el TC fue una iniciativa de la Fundación Prensa y Derecho, que dirige el abogado y (tambibén) periodista Namphi Rodríguez; así como de los directores del Listín Diario, Miguel Antonio Franjul; de El Caribe, Rafael Osvaldo Santana, y de El Día, Rafael Molina Morillo.

Entrevistado en el programa “Interactivos Súper 7”, por la estación radial La Súper 7 (107.7 FM), Sierra dijo que la del TC es una sentencia "complaciente" porque favorece a los directores y propietarios de medios de comunicación, no así a los periodistas, redactores y comunicadores que emiten opiniones.

Recordó que, en lo adelante, los periodistas serán los únicos responsables ante la ley de las informaciones que publiquen, aunque los directores (que trazan la agenda de sus medios) o correctores de estilo produzcan cambios en las notas que los profesionales redacten.

Dijo que a los periodistas sólo les queda refugiarse en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), porque a la hora de ser sometidos por un funcionario que se sienta difamado, el propio medio donde labora no le pondrá un abogado a su disposición para que lo defienda, como sucedía antes de la sentencia del TC.

“Ahora el periodista tendrá que enfrentar solo esas demandas", insistió. "Entonces, de alguna forma tendrá que sufragar tanto en el aspecto penal de su defensa como ante la eventual sentencia que se pudiese producir en su contra, va a tener que sufragarlo (financiar) con su propio patrimonio si es que lo tiene, porque sentencias han de venir”, añadió Sierra.

Dijo que el TC ha despenalizado el delito por difamación e injuria pero solo en el aspecto de los funcionarios públicos, porque en el aspecto de los diplomáticos y las personas privadas se mantiene la penalización.

“Yo entiendo que se trata de una sentencia únicamente para favorecer a los directores y dueños de medios de comunicación, más no así a los periodistas que producen y que difunden la información”, comentó.

Llamó a los periodistas (reporteros y redactores) a no frotarse las manos con la sentencia, porque quienes han salido bien parados son los directores y propietarios de los medios de comunicación.

Entre los artículos declarados inconstitucionales por el TC están el 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 47 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

(Juan Enrique Tavárez-sietedías.com)