Joseph Cáceres

Muerte prematura de los libros de texto

Por Daniel Cruz

Nunca, como en este momento, ha resultado más aplicable el refrán que reza “éramos muchos, y parió la abuela”, con el que se expresa la existencia de situaciones difíciles que se ven empeoradas hasta por razones insólitas. Una versión de “al desnudo todo le llega, menos ropa”.

Lo decimos porque al quebradero de cabeza que viven en estos días los padres de familia por los elevados precios de los libros que utilizarán sus hijos durante el año lectivo 2017-2018 se le suma el abuso de la editorial Santillana,  que ahora cambió los textos de primaria antes del  tiempo reglamentario, que son cuatro años, conforme dispone la Ley orgánica 66-97, General de Educación, modificada en su artículo78 el 24 de abril de 2007.

No nos oponemos a que los propietarios de editoras escuchen  —y hasta se deleiten— con el sonar ensordecedor de sus cajas registradoras; lo que nos resistimos es a aceptar que lo hagan a costa de los bolsillos de nuestros conciudadanos, de los bolsillos de los que viven de la venta de libros y, finalmente, que lo hagan llevándose por delante nuestra legislación.

La práctica de retirar los libros de los programas antes de tiempo afecta a nuestra gente porque imposibilita que un padre con dos o más hijos aproveche el libro que deja el niño de curso más avanzado;  afecta a los libreros porque —como lo refirieron algunos a este redactor— se quedan con libros nuevos comprados a intermediarios o a la propia editoria y con libros de segunda mano que padres de familia les cambian o les venden para completar el  dinero para adquirir los textos del nuevo año escolar.

Y como si todo esto no fuera suficiente, esa mala práctica se realiza a contrapelo de la mencionada legislación, que en el párrafo 1 del artículo 78 establece:

“Los textos básicos o complementarios u obras de consultas  a que se refiere el literal e) del presente artículo, una vez aprobados, PERMANECEN INALTERABLES Y PLENAMENTE VIGENTES POR UN PERÍODO NO MENOR DE CUATRO AÑOS.

En los casos que se requiera alguna modificación por cualquier situación a los libros de textos aprobados, el Consejo Nacional de Educación puede autorizar una cartilla adicional o el procedimiento complementario que estime de lugar a los fines de  suplir las informaciones requeridas” (mayúsculas nuestras. dc).

La legislación va más lejos, por lo menos que nuestras autoridades, pues en el siguiente párrafo establece responsabilidades, y lo hace en estos términos:

“Párrafo II.

Son responsables civilmente ante cualquier parte interesada, las compañías o empresas editoras que no garanticen la existencia de los libros de texto durante el período mínimo establecido en la presente ley”.

Un ejemplo de lo que venimos censurando lo tenemos en los dos libros con cuya portada acompañamos este comentario. Ambos fueron editados en el año 2015, lo que significa que si se estuviera cumpliendo con la ley estarían vigentes durante los cuatro años lectivos siguientes: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019; sin embargo, su vida útil fue reducida de manera abusiva al año lectivo 2016-2017.

 Los libros afectados por muerte prematura que quedarán en manos de los libreros valen para ellos lo que pesan, o sea centavos por kilo. Es el único beneficio que les pueden sacar: venderlos para reciclaje de papel.

Y en cuanto a los padres que aún conservan algunos de esos “natimuertos”, el único provecho que les sacarán será el de recortar de ahí ilustraciones para tareas escolares de sus hijos.

Como puede apreciarse, estamos ante un abuso descomunal al que, al parecer, nadie del Consejo Nacional de Educación ni del Ministerio de Educación se anima a plantarle la cara.