Joseph Cáceres

Los siete países donde ser gay cuesta la vida por lapidación

En Irán, Arabia Saudí, Yemen, Nigeria, Sudán y Somalia se puede morir por mantener relaciones homosexuales porque la ley lo permite.

Brunei acaba de aprobar la aplicación de la Sharia, la ley islámica que permite ejecutar penas de muerte por apedreamiento. Uno de los “delitos” que pueden acarrear esta sentencia es, junto al adulterio y el aborto, practicar la homosexualidad. No es un caso único. En otros seis países: Irán, Arabia Saudí, Yemen, Nigeria, Sudán y Somalia se puede morir por mantener relaciones homosexuales porque la ley lo permite.

En este sentido, el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, aseguró hace unos días en un discurso televisado que excluía la aplicación de la pena de muerte en la sharia, dada la condena internacional y las llamadas al boicot a esta medida. 

El año pasado, el caso de dos mujeres malayas azotadas en público por ser lesbianas puso de manifiesto la radicalización que está teniendo lugar en algunos países, hasta ahora moderados. En Japón, si un ciudadano desea cambiar de sexo debe antes esterilizarse. En Nigeria, “enamorarse” de alguien del mismo sexo está prohibido por el código penal. En Tanzania, la pena por sodomía es de 30 años de cárcel. En Mauritania se contempla también la pena de muerte para los homosexuales, aunque hace años que no se aplica. En Uganda, cuando hace unos años algunos periódicos del país mostraron en su primera plana a los “100 ugandeses más gays”, algunas de las personas cuyo nombre fue publicado murió linchada al poco tiempo.

Unión Europea

Aunque pueda parecer que estas restricciones en los derechos e incluso sentimientos de las personas solo se dan en sociedades atrasadas o países lejanos, hay que recordar que en la misma Unión Europea hay gobiernos, como el polaco, que califican a los homosexuales de “amenaza a la civilización europea” que tienen “un estilo de vida insano y propenso al vicio”. Rusia introdujo en 2013 leyes que prohíben la “propaganda” gay” a menores de edad, lo que se traduce en censura y represión de las actividades de asociaciones de este tipo además de justificar, de manera solapada, las agresiones contra ciudadanos no heterosexuales.

En los Estados Unidos se promulgó en 1982 la llamada ley “Don´t ask, don´t tell” (“no preguntes, no digas”), bajo la cual 17.000 militares profesionales fueron expulsados del ejército por su orientación sexual. En Estados Unidos es donde, paradójicamente, se pueden encontrar comunidades más fieramente defensoras de los derechos de esta comunidad y también individuos más violentamente en contra de ella: en el verano de 2016 se produjo una masacre en la discoteca de ambiente “Pulse” de Orlando, en Florida, que se saldó con 50 muertes.

Las maneras de aplicar las leyes contra la libertad sexual pueden llegar a extremos aberrantes: en Irán, cuando dos hombres mantienen relaciones íntimas, el sujeto “pasivo” se enfrenta a la pena de muerte, mientras que el “activo” habrá cometido un delito menor y su condena será diferente –a no ser que esté casado, en cuyo caso también sufrirá la pena capital-. Otros países islámicos, como Malasia, mantienen dos regímenes judiciales paralelos: uno basado en la ley tradicional musulmana, la Sharia, se ocupa de delitos contra la moral y la familia, y el sistema penal “moderno” enjuicia el resto de causas.

Penas de 14 años

La Sharia es especialmente cruel con los “delitos” homosexuales; mientras que permite, por ejemplo, que un hombre pueda desposarse con cuatro mujeres, castiga a una mujer lesbiana a ser azotada en público. Tales son las decisiones que deben tomar las dos juezas que desde 2016 se sientan en el Tribunal Superior Islámico de aquel país. Una de ellas declaraba en una entrevista a Al Jazeera: “cuando juzgo no soy un hombre ni una mujer; soy un juez”.

Otra mujer con poder, la jefa de la policía de Lagos, capital de Nigeria, advirtió a sus compatriotas hace pocas semanas a través de las redes sociales de que  “si tienes inclinaciones gay, Nigeria no es un lugar para ti; vete de aquí o afronta el castigo”. El anterior presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, promulgó la ley que pena la homosexualidad con 14 años de cárcel. Amnistía Internacional recuerda que 33 de los 54 países que hay en África criminalizan la homosexualidad.

Arabia Saudí, que ni siquiera cuenta con un código penal escrito y basa sus decisiones “jurídicas” en la interpretación que los jueces hacen de la ley islámica, castiga con la lapidación hasta la muerte al hombre casado que practique la homosexualidad. Si se trata de un soltero, se le azota cien veces y se le destierra durante un año. La sodomía debe ser atestiguada por cuatro personas  honradas o por el propio “culpable” cuatro veces.

Ni siquiera los extranjeros se libran de esta brutal represión y se calcula que cada año unas cien personas son detenidas por vestirse con ropas del otro sexo y por ejemplo un criado puede denunciar a su empleador si le sorprende actuando así. A finales de enero, en Irán se ahorcó a un hombre de 31 años acusado de “lavat-e be onf”, o sodomía, uno más de los entre 4 y 6.000 casos de ejecuciones que con este motivo se han llevado a cabo en ese país durante las últimas décadas. 

Ni la riqueza de un país, ni su religión mayoritaria, ni su cultura o tradiciones y ni siquiera su régimen político pueden impedir que se apliquen leyes contra la población homosexual, bisexual o trans género. Además, cada vez que se promulga una ley que restringe estos derechos no resulta fácil dar marcha atrás para recuperar las libertades perdidas.

“Se diría que en todo el mundo, en mayor o menor medida, se está produciendo una involución en todos los ámbitos, el político, el religioso y el cultural, y las leyes contra la libertad sexual son un reflejo de ello”, señala la antropóloga Olga Rochas, de Madrid. “Además existe una gran polarización en cómo se afrontan situaciones de tabú: una vez que se normaliza algo que antes estaba prohibido o reprimido, su lugar lo ocupa algo nuevo que va más allá. Y eso es lo que está pasando en las sociedades más libres y en las más reprimidas: ambas están yendo más allá y distanciándose cada vez más entre sí”, ha recalcado.

En 2008, el Vaticano rechazó como embajador al francés Jean-Loup Kuhn-Delforge por estar casado con un hombre y cualquier empleado de ese microestado puede ser despedido al instante si se declara homosexual. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la existencia de un “lobby” secreto o grupo de fuerza de sacerdotes gays en la Santa Sede, el Papa Francisco respondió: “¿quién soy yo para juzgar?”