Joseph Cáceres

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema retrasar la implementación de una ley que prohibiría TikTok en el país si su propietario, ByteDance, no vende la plataforma antes del 19 de enero.

La petición refleja su interés en buscar una solución política que evite el cierre de la popular red social y preserve los derechos de los usuarios, publica la agencia de noticias EFE.

Según John Sauer, abogado de Trump y candidato a procurador general, el retraso permitiría al nuevo gobierno abordar las preocupaciones de seguridad nacional vinculadas a TikTok sin comprometer los derechos protegidos por la Primera Enmienda.

“Esta prórroga preservaría los derechos de millones de estadounidenses, al tiempo que daría margen para una solución que eluda la necesidad de una decisión judicial sobre estas cuestiones constitucionales”, afirmó Sauer en el documento presentado ante el máximo tribunal.

Trump considera que la ley, firmada por el presidente Joe Biden en abril, podría beneficiar desproporcionadamente a competidores como Meta, liderada por Mark Zuckerberg.

Este enfoque lo llevó a reunirse recientemente con el consejero delegado de TikTok, Shou Chew, en Mar-a-Lago, donde discutieron alternativas para evitar la prohibición.

La normativa, aprobada con el argumento de proteger a Estados Unidos contra posibles riesgos de espionaje y manipulación de datos por parte de China, ha generado tensiones diplomáticas y una intensa polémica.

TikTok, que rechaza haber compartido información con el gobierno chino, sostiene que la ley vulnera sus derechos de libertad de expresión.

Donald Trump plantea que su administración entrante pueda negociar una solución que asegure la continuidad de TikTok en el país, sin necesidad de llegar a medidas extremas como su prohibición o la venta forzada.

Con esta solicitud, busca equilibrar los intereses de seguridad nacional con los derechos y libertades de los ciudadanos.

El tribunal tiene programados los alegatos para el 10 de enero, mientras que la ley entrará en vigor el 19 de enero, un día antes de que Trump asuma la presidencia. Su postura marca un contraste significativo con las políticas de la administración saliente y abre la puerta a un enfoque más conciliador.