Joseph Cáceres

La propuesta del presidente Luis Abinader de recortar el financiamiento estatal a los partidos políticos ha abierto una puerta que el país llevaba demasiado tiempo evitando cruzar. Pero en medio del debate, conviene decirlo sin rodeos: no se trata de reducir esos fondos, sino de eliminarlos por completo.

En una nación donde los hospitales públicos enfrentan carencias estructurales, donde el acceso a medicamentos sigue siendo desigual y donde la calidad del servicio sanitario dista de ser digna para amplios sectores de la población, resulta difícil justificar que millones de pesos del presupuesto nacional sigan destinándose a estructuras partidarias. La pregunta no es técnica, es moral: ¿debe el Estado financiar partidos o priorizar la salud de su gente?

El argumento tradicional a favor del financiamiento público sostiene que este reduce la influencia del dinero privado en la política. En teoría, es una barrera contra la captura del sistema por intereses económicos. En la práctica dominicana, sin embargo, esa lógica ha mostrado fisuras evidentes. Los partidos reciben recursos del Estado, pero las dudas sobre su uso persisten. La rendición de cuentas es débil, los informes financieros son escasos o poco transparentes, y la percepción ciudadana es clara: no hay correspondencia entre lo que se entrega y lo que se justifica.

Sostener ese modelo en medio de un sistema de salud con limitaciones crónicas es, como mínimo, cuestionable.

Eliminar el financiamiento público no implica debilitar la democracia; implica obligar a los partidos a reconectarse con la sociedad. Que busquen recursos en la militancia, en donaciones transparentes, en actividades legítimas de recaudación. Que construyan apoyo real, no dependencia presupuestaria. Un partido que no puede sostenerse sin fondos estatales difícilmente puede sostener una visión de país.

Además, hay un elemento político que no puede ignorarse: el divorcio entre ciudadanía y sistema de partidos. Si hoy se sometiera esta discusión a un referendo, la percepción generalizada apunta a un resultado contundente en contra del financiamiento público. Más allá del porcentaje exacto, el mensaje sería inequívoco: la gente no quiere que su dinero financie organizaciones en las que no confía.

Y esa desconfianza no surge de la nada.

Durante años, los partidos han operado con escasa transparencia en el uso de los recursos públicos. La falta de informes claros, auditorías accesibles y consecuencias ante irregularidades ha erosionado la legitimidad de ese financiamiento. No se puede pedir confianza cuando no se rinden cuentas.

Redirigir esos fondos hacia la salud pública sería una señal poderosa. No resolvería todos los problemas del sistema sanitario, pero marcaría una prioridad política clara: primero la gente, después la política. En un contexto de restricciones fiscales, cada peso cuenta, y su destino habla del modelo de país que se quiere construir.

Por supuesto, eliminar el financiamiento público plantea desafíos. Existe el riesgo de una mayor influencia privada si no se establecen reglas estrictas. Pero ese es precisamente el punto: la solución no es sostener un modelo fallido, sino reemplazarlo por uno que combine libertad de financiamiento con controles rigurosos, transparencia total y sanciones efectivas.

La democracia cuesta, sí. Pero no cualquier costo es justificable.

Hoy, la República Dominicana tiene la oportunidad de replantear una práctica que ha perdido legitimidad. No se trata de castigar a los partidos, sino de devolverle sentido al uso del dinero público.

Porque mientras la política se financia con recursos garantizados, la salud del pueblo sigue esperando. Y esa ecuación, sencillamente, ya no se sostiene. (Geovanni Matos/Diario Libre)