En una carta fechada el 5 de octubre de 2026, y a la que Diario Libre tuvo acceso, César Suárez Piano, Mayobanex Bautista, Pedro García, José Ramón Rodríguez F., Billy Hasbún Khoury y Eduardo Durán pidieron al mandatario propiciar una solución conciliatoria ante cuatro asuntos que consideran perjudiciales para su actividad: la responsabilidad sobre los estacionamientos de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, la cancelación de fechas previamente asignadas, la cantidad de cortesías exigidas y el cierre del foso de la sala principal.
"Acudimos a su investidura, no solo por ser el primero de los ciudadanos, sino también porque las autoridades del Ministerio de Cultura han manifestado in voce que los pedimentos que a continuación señalaremos deben ser decididos por la Presidencia de la República", expresaron los firmantes.
Los productores sostienen que las nuevas disposiciones podrían aumentar los costos de sus espectáculos, comprometer la seguridad jurídica de sus operaciones y dificultar la continuidad de sus actividades en el Teatro Nacional.
El estacionamiento
El primer reclamo se refiere a la intención que atribuyen a funcionarios del Ministerio de Cultura de transferir a los empresarios la custodia, el control y la vigilancia de los estacionamientos y jardines de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
En la comunicación dirigida a Abinader, recuerdan que el complejo alberga el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia y Geografía, la Biblioteca Nacional, la Cinemateca Nacional, el Museo de Arte Moderno y la estación del Metro Casandra Damirón, además de jardines y amplias áreas de estacionamiento utilizadas por las distintas instituciones y por el público.
Los empresarios destacan que el Teatro Nacional fue inaugurado el 16 de agosto de 1973 como dependencia de la Secretaría de Estado de la Presidencia y que en 2000 pasó a depender de la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura.
En la comunicación dirigida a Abinader, recuerdan que el complejo alberga el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia y Geografía, la Biblioteca Nacional, la Cinemateca Nacional, el Museo de Arte Moderno y la estación del Metro Casandra Damirón, además de jardines y amplias áreas de estacionamiento utilizadas por las distintas instituciones y por el público.
Los empresarios destacan que el Teatro Nacional fue inaugurado el 16 de agosto de 1973 como dependencia de la Secretaría de Estado de la Presidencia y que en 2000 pasó a depender de la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura.
La institución cuenta con tres salas de espectáculos: la Sala Carlos Piantini, la principal; la Sala Ravelo y la Sala Aída Bonelly. También dispone de las instalaciones del bar Juan Lockward, utilizadas ocasionalmente para obras teatrales que no requieren movimientos escenográficos.
Según explican, el Teatro Nacional concentra una parte importante del público que acude a la Plaza de la Cultura y facilita estacionamientos a los asistentes a sus cuatro espacios de presentación. Para la custodia y vigilancia de esas áreas se utiliza personal militar y civil debidamente identificado.
Sin embargo, recalcan que los estacionamientos y jardines son compartidos por todas las instituciones del complejo, tienen acceso gratuito y carecen de un sistema de boletos que permita controlar la entrada de vehículos y peatones.
Por esas áreas circulan visitantes de los museos, usuarios del Metro, personas que acuden a instituciones gubernamentales y conductores que las utilizan para evitar congestionamientos del tránsito, aunque no asistan a una actividad del teatro.
Los firmantes aseguran que la custodia de esos espacios ha correspondido históricamente al Estado dominicano.
"Pese a que, desde su inauguración en el año 1973, las autoridades gubernamentales (sea la Secretaría de Estado de la Presidencia, sea el Ministerio de Cultura) han sido las que han controlado, administrado y custodiado los espacios de estacionamiento de la Plaza de la Cultura y sus jardines", sostienen.
En la carta cuestionan que funcionarios que califican de tercera jerarquía del Ministerio de Cultura pretendan cambiar esa práctica y trasladar la responsabilidad a quienes alquilan las salas para presentar espectáculos.
Los productores consideran que esa decisión podría perjudicar el funcionamiento del Teatro Nacional y critican la actuación de los funcionarios involucrados, así como la forma en que, según afirman, se ha intentado justificar la medida mediante disposiciones contractuales.
Aumentos en los costos de los espectáculos
Los empresarios advierten que asumir la custodia de los estacionamientos podría obligarlos a contratar pólizas de seguro contra posibles actos vandálicos y a considerar el cobro por cada vehículo estacionado. Esos gastos, sostienen, aumentarían los presupuestos de producción y podrían traducirse en entradas más caras.
También señalan que la responsabilidad sobre esas áreas podría generar derechos de uso durante la vigencia de los contratos, con la posibilidad de instalar publicidad, vender productos promocionales y comercializar alimentos.
A su juicio, esa situación podría contribuir al deterioro de los estacionamientos y alterar el carácter público de un espacio compartido por distintas instituciones.
Los firmantes advierten que, bajo esas condiciones, el Estado perdería el control de áreas que consideran importantes para la cultura, el esparcimiento y la circulación vehicular. Además, los costos adicionales podrían hacer económicamente inviable la organización de determinados espectáculos.
"Es preciso recalcar algo que usted bien conoce, y es que sin empresarios que arriesguen el dinero en eventos artísticos cuyo desenlace exitoso no es seguro, el Teatro Nacional sería solo un edificio hermoso pero sin utilidad alguna", expresan.
Agregan que el concepto del Teatro Nacional no se limita a dramaturgos, escritores, músicos, actores, cantantes y otros artistas, sino que incluye también a los empresarios que financian y organizan las producciones.
"La difusión de la cultura debe mucho (por no decir casi todo) a nosotros, los que asumimos riesgos económicos y financieros", afirman.
Daños a los vehículos
Otro de sus argumentos es la dificultad de distribuir la responsabilidad por los estacionamientos cuando se celebran actividades simultáneas en las tres salas del Teatro Nacional.
Como ejemplo, plantean el caso de un acto vandálico contra un vehículo estacionado en la Plaza de la Cultura durante una noche en la que coincidan varios espectáculos.
"¿Cómo se asignaría la responsabilidad? ¿Cuál de los empresarios sería responsable?", preguntan. A su entender, dividir la vigilancia entre los productores sería prácticamente imposible y podría reducir considerablemente la capacidad de estacionamiento del complejo.
Para sustentar su posición, comparan la situación con las plazas comerciales, donde operan bancos, oficinas de servicios, tiendas, establecimientos privados y salas de eventos.
Explican que, cuando ocurre un acto vandálico en los estacionamientos de esos complejos, la responsabilidad corresponde a los propietarios de la plaza cuando los locales son alquilados o a la empresa administradora cuando los establecimientos pertenecen a sus ocupantes y la administración tiene a su cargo la custodia y vigilancia.
En el caso del Teatro Nacional, sostienen que los empresarios alquilan las salas, pero corresponde a la institución, a la Plaza de la Cultura, al Ministerio de Cultura y al Estado dominicano custodiar los espacios públicos compartidos.
Por esa razón, solicitan al presidente que instruya al Ministerio de Cultura para eliminar de los nuevos borradores contractuales cualquier disposición contraria a la práctica histórica de vigilancia y custodia de los estacionamientos.
También piden que no se les presione para firmar los documentos en las condiciones actuales bajo la advertencia de que podrían perder la posibilidad de alquilar las salas.
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