LA NOTICIA Y SU PESPUNTE

El proyecto de Ley Orgánica de Régimen Electoral pone “en cintura” a las firmas encuestadoras porque de aprobarse antes de los comicios de 2016, como se espera que pase con la Ley de Partidos, obligaría a esas empresas a estar bajo la tutela de la Junta Central Electoral (JCE).

El proyecto de reforma a la actual Ley Electoral 275-97 establece que los realizadores de sondeos o encuestas de opinión con fines electorales que hayan sido debidamente avalados por la JCE, deberán incluir y precisar en la publicación la denominación y domicilio de la entidad pública o privada, o de la persona física que la hubiere realizado, así como de aquella que se la hubiere encargado.

El artículo 161 del proyecto establece que la JCE creará un registro de firmas encuestadoras en materia electoral y política que estará bajo la supervisión de la Dirección de Elecciones de la institución.

Estimó que con el registro de las firmas encuestadoras se podrá evitar que éstas presenten resultados “amañados” con fines de campaña y posicionamiento entre los electores, creándoles una falsa perspectiva y situación de los candidatos a diferentes niveles. 

Otro punto del proyecto es que las firmas tendrán que colocar el texto íntegro de las preguntas y cuestiones planteadas y número de personas que no contestaron a cada una de ellas. Además se indica que las encuestadoras tendrán que presentar sus estatutos sociales, su nómina actualizada de accionistas, la composición de consejo de administración, filiales internacionales, si las tienen, nómina de directivos y empleados y currículos actualizados de los técnicos que dirigen y participan en los sondeos o encuestas.

Fíjense cómo ya se está procurando regular a las empresas encuestadoras que miden las preferencias electorales para las elecciones.

Como se sabe, en tiempos de campaña se producen guerras de encuestas, donde cada quien saca la suya, con números y resultados amañados, con el fin de contrarrestar a las verdaderas, a las que se apegan a la verdad.

Qué bueno, eso de que se van a poner en cintura a los negociantes de las encuestadoras.

Pero, esa reglamentación debería ser extendida a las empresas que hacen mediciones y encuestas para los medios de comunicación.

No es posible que  se establezcan diferencias entre empresas que se dedican a la misma actividad, y que mientras se reglamenta a las encuestadoras de la política, se dejen actuar como “chivos sin ley” a las que se están sirviendo con la cuchara grande y acogotando a la radio y la televisión.