Joseph Cáceres

República Dominicana: el reino donde los vehículos nunca mueren

Si los vehículos tuvieran alma y aspiraran a la inmortalidad, República Dominicana sería el lugar ideal para ellos, pues aquí nunca pasarían a la categoría de difuntos.

Basta ver que hay pocos cementerios de chatarras. Algunos pertenecen a instituciones públicas que disponen de flotillas. También los hay en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, para aeronaves, mientras que los ríos Ozama e Isabela fungen como tal para embarcaciones abandonadas.

La explicación: aquí difícilmente se desechan vehículos. El carro destartalado, modelo de año remoto, ni es pieza de museo y mucho menos basura, en menor medida se vende por partes. Esa chatarra, descartada por su dueño porque adquirió una unidad nueva o en mejor estado, va a parar a manos de un ciudadano de a pie, literalmente, o del que tenía una motocicleta y que al cambiar dos ruedas por cuatro siente que subió de categoría.

Y así, en la misma medida en que ingresan vehículos nuevos al parque vehicular del país, aumenta la cantidad de cafeteras ambulantes, humeantes e inseguras que circulan por las calles, en una coexistencia tragicómica salpicada de caos, contaminación y vidas en riesgo.

La “revista”, supuesta a certificar que el vehículo está apto para circular... bien, gracias. Es sólo una fuente de ingresos por pago de impuestos para el Gobierno y un negocio para “tributarios” y falsificadores que la venden en las esquinas.

Otros beneficiados son los mecánicos de pacotilla, que viven a expensas de la obsesión de los dueños de chatarras por mantenerlas rodando, pese a que estas imploran que las pongan en retiro, a fuerza de negativas a encender o desprendimiento de piezas que se desparraman por los caminos.

Sacar las chatarras de las calles, empero, no es tan fácil como escribirlo. Se alzarían los “padres de familia” que se ganan los pesos como choferes de carros de concho, los mecánicos, los importadores de autos usados, los sindicatos del transporte y hasta los limpiadores de cristales en los semáforos, porque sufrirían una merma en su “negocio”. ¿Y el Gobierno? Ni pensarlo. Los anafes ambulantes también pagan impuestos, y esto es más rentable y manejable que organizar un sistema de transporte público masivo y efectivo. (Vivian Jiménez -Diario Libre)